La Provincia de Córdoba dio un nuevo paso hacia la modernización de su red de caminos rurales. El gobernador Martín Llaryora firmó recientemente un proyecto de ley que busca establecer un sistema integral y eficiente para la gestión de los más de 57.000 km de caminos rurales no pavimentados, con un modelo de administración público-privado considerado único en el país.
El anuncio se realizó en el Centro Cívico ante representantes del agro y de los consorcios camineros, donde también se oficializó un refuerzo presupuestario de $9.500 millones para obras viales y $3.000 millones más para la compra de maquinaria.
“En un contexto nacional donde el Estado se retira de la infraestructura, Córdoba cumple con sus compromisos”, sostuvo el mandatario, destacando la articulación con entidades del campo.
El nuevo esquema fue consensuado con la Mesa de Enlace, productores y consorcios camineros. Establece que el Ministerio de Bioagroindustria será la autoridad de aplicación y que distintos consorcios (camineros, regionales y de conservación de suelos) integrarán un sistema unificado de gestión. El financiamiento provendrá principalmente del Fondo de Desarrollo Agropecuario, que se nutre del 98% del impuesto inmobiliario rural, además de otros aportes y recursos.
Actualmente, hay 202 obras en marcha para mejorar caminos rurales, con una inversión de más de $3.800 millones, y se proyectan 243 intervenciones para el período 2024-2025. Además, en lo que va del año, la Provincia entregó tractores y camiones nuevos a las 19 regionales camineras, con una inversión histórica de $5.822 millones.
Los caminos rurales no solo son clave para el movimiento productivo: también garantizan el acceso a escuelas, centros de salud y servicios básicos en cientos de pueblos del interior. Por eso, desde el Gobierno se insiste en que su mejora tiene un impacto directo en la vida de las comunidades y en la competitividad del sector agroindustrial.
El sistema de consorcios camineros de Córdoba (compuesto por 285 entidades organizadas y autogestionadas por productores) fue valorado como modelo por otras provincias. Según el presidente de la Asociación de Consorcios Camineros, Juan José Fabbri, la nueva ley no solo implica más recursos, sino también un respaldo institucional a décadas de trabajo conjunto.
“Argentina va a salir con el campo, pero el campo solo no puede. Necesita caminos, electricidad, gas, educación e infraestructura para agregar valor”, afirmó Llaryora, quien además volvió a reclamar por la eliminación de las retenciones al agro.
